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Observatorio de la Sustentabilidad de Nuevo León

Instituto de Investigaciones Sociales
 

En Nuevo León se presentan grandes contrastes. Siendo el valor de la producción industrial muy importante, el valor de la producción agropecuaria apenas representa 1% del producto interno bruto estatal en 2009, debido, en parte, a la distribución demográfica totalmente atípica que tiene el estado, donde 94% es población urbana y 6% rural, frente al 76% y 24%, respectivamente que se presenta a escala nacional. Con más de cuatro y medio millones de habitantes, 84.5% de la población se concentra en un pequeño número de municipios del área metropolitana de Monterrey, lo cual es una de sus mayores disparidades. Pero hay otros contrastes que tienen incidencia en los procesos sociales, políticos y económicos: dos de los municipios del área metropolitana de Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, figuran entre los diez con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de México, con un IDH equivalente al que tienen países como España y Dinamarca, mientras que los dos municipios de menor nivel de desarrollo humano se ubican en el lugar 2 162 (Mier y Noriega) y 2 218 (Aramberri) de un total de 2 454 municipios en el país.

A estos grandes contrastes en el aspecto social, se ha sumado en los últimos años los problemas derivados de un creciente proceso de inseguridad relacionado con el aumento de la presencia de la delincuencia organizada y del incremento de los delitos del fuero común que han deteriorado el clima de la convivencia social.

Una situación adversa, también reciente, la constituye el entorno desfavorable de la economía internacional, que no sólo ha colocado en recesión a los países desarrollados, sino que ya se inició la misma tendencia pero con mayor fuerza en los países en vías de desarrollo, con las implicaciones preocupantes que esto tiene para el empleo y el bienestar social. Una política activa orientada hacia la inversión productiva, fundamentalmente hacia polos de desarrollo de tecnología de punta, que detonen el crecimiento de las cadenas productivas de alto valor agregado y el fortalecimiento del mercado interno, puede coadyuvar a mitigar estos escenarios.

Dichos desafíos podrán ser enfrentados si se cuenta con la voluntad política de impulsar la gobernabilidad democrática, entendida ésta como la participación de la ciudadanía en la definición de políticas públicas. Se posee un marco jurídico que lo permite y una cultura política basada en el diálogo y el consenso, en donde cada vez más la ciudadanía podría involucrarse y marcar de manera decisiva el rumbo de nuestro Estado.