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Observatorio de la Sustentabilidad de Nuevo León

Instituto de Investigaciones Sociales
 
030105

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define los servicios ambientales como aquellos "que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros" . Considerando la importancia de este tema en el marco de las políticas forestales, el gobierno federal ha implementado diversos programas, con la finalidad de conservar y mantener los servicios ambientales relacionados con los bosques, que están a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La Conafor se creó por decreto presidencial el 4 de Abril de 2001, con el objetivo de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración de los ecosistemas forestales del país. Entre sus actividades está el operar programas de Pago por Servicios Ambientales, fundamentalmente en dos modalidades: la hidrológica y la de conservación de la biodiversidad y captura de carbono.

El Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) se implementó por primera vez en 2003, al otorgar subsidios a propietarios de predios forestales en buen estado de conservación, localizados en zonas de abastecimiento de agua cercanas a áreas urbanas. Un año después, se implementó el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agroforestales (Psa-Cabsa), con el propósito de promover el acceso de los propietarios de terrenos forestales a mercados nacionales e internacionales de servicios ambientales de captura de carbono y biodiversidad.

En 2006, ambos programas se fusionaron bajo el concepto de Servicios Ambientales del Bosque en el marco del Programa Pro Árbol de la Conafor, el que trabaja con reglas únicas de operación en las que se han integrado la mayor parte de los programas del sector forestal bajo una normativa homogénea, manteniendo criterios de selección y operación similares.

De 2003 a 2010, la Conafor asignó a los programas de conservación de servicios ambientales $5 289 millones de pesos, para un total de 4 646 proyectos, comprendiendo una superficie de 2.7 millones de hectáreas . Particularmente el programa de PSAH ha contribuido a reducir la deforestación en unos 1 800 km2, lo que significa que la tasa anual de deforestación se ha reducido a menos de la mitad, pasando de 1.6% a 0.6% . Según la evaluación del programa en el 2010, estos proyectos no han derivado en mercados de servicios ambientales tal y como se establece en sus objetivos .

Durante el periodo 2003 a 2012, Nuevo León contaba con una superficie total de casi 88 mil hectáreas inscritas en este programa, abarcando aproximadamente 1.36% del territorio estatal. Del total de hectáreas inscritas, 81% participan en el PSAH y 19% en el Psa-Cabsa. Los apoyos se distribuyen entre beneficiarios radicados en once municipios del estado (Allende, Aramberri, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Linares, Montemorelos, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago y Rayones). El subsidio federal permite proteger superficies forestales con ecosistemas de bosque templado; encinares y matorrales submontanos, bosque de pino y encino, así como matorral xerófilo.

Además de los esquemas de PSA hidrológico y de biodiversidad, la Conafor implementó en 2008 el Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes; con este sistema, el dinero que reciben los beneficiarios es por 15 años y no por 5 como ocurre en el PSAH y Psa-Cabsa, lo que significa su principal diferencia; además, el gobierno federal, a través de la Conafor, aporta hasta 50% del recurso y el restante es aportado por otros usuarios interesados que fungen como terceras personas legalmente constituidas (p.e. gobierno estatal, organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones privadas, empresas, asociaciones civiles, etcétera.)

Bajo este esquema, Nuevo León ha recibido apoyos para generar mercados de PSA contando con la participación de la iniciativa privada y ONG, quienes conjuntamente con el gobierno federal, a través de la Conafor, participan en esta iniciativa. Se trata de dos convenios, uno firmado en 2008 y otro en 2010, ambos suman en total casi 2,500 hectáreas que se agregan a la superficie de PSA Hidrológicos y Biodiversidad mencionada anteriormente. Estos convenios tienen una duración de 8 y 5 años respectivamente y al 2013 ambos se encuentran en ejecución.